Normas de eficiencia para descarbonizar el sector transporte en América Latina


La mayoría de los países del mundo se encuentran actualmente reunidos en Madrid para la COP25, discutiendo como incrementar sus ambiciones para limitar la crisis climática, y evitar que la temperatura global incremente por encima de 1.5°C. Si bien las noticias no han sido alentadoras hasta el momento ya que las emisiones mundiales de CO2 alcanzan récords máximos en 2019, existen excelentes opciones para que América Latina cumpla los objetivos que se planteó en el Acuerdo de París a través de sus NDCs y descarbonice su sector de transporte. En particular, las políticas de eficiencia vehicular son una de las herramientas más eficaces para lograr este objetivo.


¿Por qué el sector transporte?


El sector del transporte en América Latina y el Caribe es responsable por el 35% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes de quema de combustibles fósiles. Si comparamos esto con el resto del mundo cuyo promedio de emisiones del sector está en 23%, nos damos cuenta de que reducir las emisiones en este sector es clave para lograr evitar una crisis climática, y una tarea clave para que los países de la región cumplan con sus compromisos climáticos. La cantidad total de GEI y de otros contaminantes climáticos provenientes del sector ha aumentado constantemente en la región desde la década de 1970. ¡El momento para tomar medidas que reduzcan el impacto de este sector en la crisis climática es ahora!


Por otro lado, la tasa de motorización en la región sigue siendo muy baja comparada con la de países de Europa y Norteamérica, pero está creciendo con rapidez. Es importante tomar medidas para mejorar la eficiencia de los vehículos nuevos que llegarán a nuestros países, y así reducir las emisiones que estos van a generar. En este sentido, políticas públicas que mejoren la eficiencia de los vehículos nuevos que van a ingresar a nuestros países son instrumentos eficaces que no sólo reducen las emisiones, sino que también reducen el consumo de combustibles y ahorran dinero a los consumidores generando impactos positivos en la economía.


A pesar de su efectividad comprobada en muchos países del mundo, sólo Chile, México y Brasil han implementado políticas de eficiencia vehicular en la región, por lo que es importante que los demás gobiernos cuenten con herramientas para promover estas medidas que les ayuden a cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones.


¿Qué son las políticas de eficiencia vehicular?


Existen diversos instrumentos de política pública que pueden incrementar la eficiencia de los vehículos, y se agrupan en tres categorías: informativos, económicos y normativos. Este documento analiza dos de estos instrumentos, las etiquetas (informativo) y las normas de eficiencia (normativo), por su potencial de mitigación y porque comparados con los instrumentos económicos, éstos presentan menores barreras políticas para su instrumentación.


Las etiquetas de eficiencia vehiculares son un instrumento informativo diseñado para ayudar a los consumidores a tomar decisiones. Son análogas a las etiquetas de consumo energético que se pueden encontrar en los electrodomésticos cuando, por ejemplo, los consumidores pueden comparar la eficiencia energética de una nevera con respecto a las demás neveras existentes en el mercado. Actualmente es utilizada en 13 países alrededor del mundo. Generalmente, las etiquetas presentan datos de consumo de combustible en zonas urbanas, carreteras y, en ciertos casos, información sobre emisiones de CO2. Estas buscan ayudar a los consumidores a tomar decisiones de compra más conscientes e informadas, y por consiguiente incentivar cambios en sus patrones de consumo.


Por el otro lado, las normas de eficiencia vehicular son instrumentos de regulación que incentivan que vehículos más eficientes (o menos contaminantes) entren a los mercados. De la misma forma como los gobiernos pueden evitar que vehículos que no cuentan con mínimas medidas de seguridad como airbags y cinturones se vendan en nuestros países, las normas de eficiencia pueden evitar que vehículos que contaminen el planeta entren a nuestras fronteras. Esto es muy importante ya que, si bien existen muchas tecnologías que mejoran la eficiencia de los vehículos en regiones como Europa y Estados Unidos, debido a la baja regulación en nuestros países, estas raras veces llegan a la región. El objetivo de una norma es que por cada kilómetro que un vehículo recorra, el consumo de combustible, y por consiguiente las emisiones de CO2 sea menor, y esto se logra a través de mejoras tecnológicas que implementan los fabricantes.


El uso de etiquetado o de normas de eficiencia se traduce en beneficios como ahorro de combustibles, incremento en la seguridad energética a los países importadores de combustible, ahorro en recursos destinados a subsidios a los combustibles (en países que los otorgan), y reducción en las emisiones de GEI. En algunos casos, también pueden ayudar a reducir contaminantes del aire dependiendo de las tecnologías implementadas por los fabricantes. Adicionalmente, las normas de eficiencia energética también brindan certeza regulatoria a los fabricantes, lo que les permite generar inversión y empleo.

Si bien existen múltiples beneficios de estas medidas, también hay algunos riesgos y barreras para lograr una implementación exitosa. En particular los costos adicionales que se generan en la industria para su cumplimiento, el “efecto rebote” que podría llevar a un incremento en el uso de vehículos, los posibles impactos desfavorables en la calidad del aire por un cambio en la composición de la flota (cuando por ejemplo se incrementa el uso de vehículos a Diesel), y finalmente la dificultad de presentar información que refleje la realidad de los ciclos de conducción en condiciones reales. No obstante, si los instrumentos se diseñan e instrumentan de manera cuidadosa, los riesgos y barreras pueden mitigarse.


¿Cómo puede América Latina implementar instrumentos de eficiencia energética vehicular?


Con esta nueva publicación buscamos que los tomadores de decisiones nacionales encuentren la información suficiente para la implementación de este tipo de medidas que van a ser cruciales para reducir las emisiones de CO2. Con el apoyo de WRI y el BID, Colombia, por ejemplo, ya está considerando la implementación de una norma de eficiencia vehicular e incluyó esta medida en su plan de desarrollo. En análisis hechos por WRI, calculamos que Colombia podría reducir cerca de 16.6 Megatoneladas de CO2eq totales entre 2020 y 2026, lo que equivaldría a sacar de circulación 3.5 millones de autos particulares. Esto, además, equivale a la mitad del compromiso del sector transporte para la NDC de Colombia. Esperamos que otros países sigan este ejemplo y que este informe les sea de utilidad.


Artículo obtenido de: Claudio Alatorre, especialista senior en cambio climático en la División de Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo (www.blogs.iadb.org)

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